Los primeros informes administrativos del gobierno de la región semiautónoma indican que el saldo de fallecidos ha ascendido a 128, mientras que unas 200 personas que residían en el edificio siguen sin localización. El secretario de Seguridad, Chris Tang Ping‑keung, confirmó que 108 cuerpos fueron hallados en la zona inicial del incendio y que los equipos de búsqueda podrían descubrir más víctimas. Asimismo, señaló que la página de víctimas incompletas incluye 80 cuerpos de los cuales todavía no se pudo determinar la identidad.
El análisis técnico atribuye la rápida propagación del fuego al uso de paneles de poliestireno altamente inflamables en las ventanas. Este material también provocó la ruptura de cristales, facilitando la expansión vertical del incendio dentro de los bloques. El recinto estaba cubierto por andamios de bambú recubiertos con mallas de seguridad, en vigencia por un proceso de renovación integral del conjunto que incluía obras estructurales en todas sus torres.
El director del Departamento de Bomberos, Andy Yeung, manifestó que las alarmas contra incendios instaladas en el edificio no funcionaron correctamente, corroborando los testimonios de residentes que afirmaron que no escucharon la alarma cuando el fuego comenzó. La evaluación contemporánea sugiere que la inseguridad del sistema de alerta sirve como pieza clave para el análisis de la responsabilidad penal del caso.
En un movimiento de última hora, la comisión anticorrupción de Hong Kong anunció la detención de ocho personas, compuestas por siete hombres y una mujer, entre 40 y 63 años, vinculados a la administración y ejecución de la obra de renovación en el Wang Fuk Court. Entre los detenidos se encuentran dos jefes de obra, dos responsables de la oficina de supervisión de las mejoras, tres subcontratados que dirigían el andamiaje y un intermediario, todos implicados en acusados actos de corrupción según la investigación.
Mientras la autoridad local continúa con la investigación y la búsqueda de las víctimas desaparecidas, la comunidad se enfrenta a la compleja realidad de mezclar pérdidas humanas con la profundización de un caso que plantea cuestionamientos sobre la práctica de obras públicas en la región.
