En este contexto, la última medida tomada por el gobierno indio ha captado la atención de expertos en seguridad digital y defensores de la privacidad. El Ministerio de Comunicaciones y Telecomunicaciones de la nación meridional ha emitido una directiva que obliga a los fabricantes de smartphones a incluir, sin opción de desinstalación, la aplicación “Sanchar Saathi” en todos los dispositivos nuevos que ingresen al mercado.
La orden, que entró en vigor el lunes y establece un plazo de 90 días para su cumplimiento, no solo afecta a los modelos de última generación. Según la normativa, los fabricantes también deben actualizar los dispositivos ya existentes mediante parches de software, extendiendo así la política a la gran base de usuarios que ya poseen teléfonos de marcas como Xiaomi, Samsung y OnePlus.
“Sanchar Saathi” fue lanzada en enero con la promesa de ofrecer funciones de bloqueo y localización para teléfonos perdidos o robados, además de identificar y cortar conexiones móviles fraudulentas. Hasta la fecha, la app ha superado los cinco millones de descargas y ha contribuido a recuperar más de 700 mil dispositivos, cifras que el propio gobierno presenta como prueba de su eficacia.
No obstante, la iniciativa ha sido recibida con escepticismo por parte de la comunidad de privacidad. Nikhil Pahwa, experto en políticas digitales y fundador de MediaNama, argumenta que una aplicación gubernamental imposicionada “establece un precedente que podría abrir la puerta a futuras herramientas de vigilancia”. Según él, la ausencia de la posibilidad de desinstalar la app ya elimina la opción de consentimiento del usuario.
En respuesta, el ministro Jyotiraditya M. Scindia describió la aplicación como “un sistema voluntario y democrático” y aseguró que los usuarios pueden activarla y retirarla cuando lo deseen. Sin embargo, la propia directiva del lunes instruye a los fabricantes a impedir que las funcionalidades de la app sean deshabilitadas o restringidas, generando una aparente contradicción entre la declaración oficial y la práctica exigida.
La medida también plantea interrogantes sobre la postura de compañías globales como Apple, cuyo propio código de ética prohíbe la preinstalación de aplicaciones de terceros, incluidas las gubernamentales. Se espera que la normativa indiana enfrente resistencia por parte de estos fabricantes, especialmente en un mercado donde la lealtad del consumidor se vincula estrechamente con la percepción de control personal sobre el dispositivo.
Mientras tanto, la tendencia de gobiernos alrededor del mundo a exigir la inclusión de aplicaciones estatales en dispositivos móviles sigue creciendo. En Rusia, por ejemplo, el servicio de mensajería MAX debe preinstalarse en todos los smartphones, y críticos señalan que la plataforma facilita el acceso de las autoridades a datos de usuarios bajo demanda.
Con la nueva orden, la India se suma a una lista de naciones que están redefiniendo la relación entre el ciudadano, su dispositivo y el Estado. La pregunta que queda en el aire es cuánto de esta transformación será percibida como una mejora en la seguridad o como una erosión del espacio personal que cada usuario ha construido en su teléfono.
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Xavier Rivera Martinez
el 02/12/2025 01:37 PM.
