La cifra, que ya supera los 7 000 detenidos, se ha registrado en un condado donde el 37 % de la población nació en el extranjero.
“No ha habido un día sin detenciones colectivas”, afirma González Gutiérrez. Según su relato, las operativas se llevaron a cabo en calles, estacionamientos de tiendas departamentales y lugares de trabajo, generando un clima de incertidumbre y miedo incluso entre los ciudadanos con estatus legal.
El cónsul destaca que el 89 % de los detenidos son hombres y el 11 % mujeres. La mitad de ellos ya había sido deportada, mientras que el resto lleva más de una década viviendo en Estados Unidos, con un 40 % de los detenidos con hijos nacidos en el país. “Es una población que ha echado raíces profundas”, comenta.
El impacto económico se hace sentir más allá de Los Ángeles. El cónsul deja claro que la mano de obra migrante es esencial para la economía del sur de California y otros estados dependientes de este sector. “El presupuesto de ICE se ha disparado, creando una infraestructura que no solo mantiene a la gente detenida, sino que también pone en peligro la estabilidad laboral de miles de trabajadores”, señala.
En el Foro Internacional de Migración y Desarrollo, Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute, y la activista Guadalupe Chávez, afirman que la violencia de las deportaciones masivas está afectando no solo a ciudades como Los Ángeles, sino también a Washington y Chicago. “Necesitamos a la migración para sostener la fuerza laboral”, sostiene Selee.
Con la presión creciente, los grupos de reacción en Los Ángeles están alertando en tiempo real a las comunidades migrantes sobre la ubicación de los operativos, mientras que los responsables políticos parecen estar en la encrucijada de adoptar una postura más pragmática frente a la situación.