Un día después de las elecciones generales, la ventana oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) permanece cerrada. El último dato que se publicó el viernes indicaba que el escrutinio había alcanzado el 88.02 % de las actas verificadas, pero desde entonces la plataforma no ha actualizado cifras ni divulgado avances.
Las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, ambas del CNE, explicaron que el retraso se debe a “problemas técnicos” que, según ellas, pertenecen a la empresa contratada, ASD de Colombia. “Queremos que la divulgación sea continua”, declaró Hall, advirtiendo que la falla no es atribuible al propio equipo técnico del organismo.
El contexto no es ajeno a tensiones internas. El cuerpo electoral está compuesto por representantes de los tres partidos más influyentes: el izquierdista Libertad y Refundación (Libre), el conservador Nacional y el Liberal. El consejero de Libre, Marlon Ochoa, aseguró que el sistema electrónico de transmisión de resultados sufrió cambios en el código de seguridad de dos módulos, lo que, según él, podría comprometer la integridad de la información.
El candidato de la coalición oficialista, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, levantó la voz al señalar fallas en más de 5 000 actas, y afirmó que dichos registros alteran el recuento preliminar. Por su parte, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, lidera la contienda con 1 132 321 votos, equivalente al 40.19 % de las papeletas totales. Nasralla llega a 1 112 570 votos, o 39.49 %, mientras que la candidata de Libre, Rixi Moncada, encabeza la tercera posición con 543 675 votos (19.30 %).
Entre los ciudadanos que asistieron a votar, algunos, como los de San Juan de las Flores, no pudieron ejercer su derecho el día 30 de noviembre, pero celebraron la elección con relativa calma al día siguiente.
La suspensión del conteo ha encendido la sospecha de varios sectores: los cinco partidos en juego, observadores nacionales e internacionales y la propia ciudadanía. Dado lo estrecho del margen entre Asfura y Nasralla, la demanda de verificación, escrutinio especial y revisión de actas se ha intensificado, prolongando el clima de incertidumbre en un proceso que ya ha costado cerca de 150 millones de dólares.
En medio de esta espera, la posibilidad de anular la elección presidencial también permanece como tema de debate entre el oficialismo y la oposición, añadiendo una capa más de complejidad al escenario electoral hondureño.