En medio de este clima de tensión, un nuevo movimiento militar ha captado la atención de analistas y legisladores. Se trata de la última incursión de aviones de combate de la Marina de Estados Unidos en una zona que, según el gobierno venezuelano, forma parte de su soberanía. El vuelo, que se describió como un “entrenamiento rutinario”, involucró dos F/A‑18 Hornet que sobrevolaron el Golfo de Venezuela durante más de treinta minutos.
Los datos de los sistemas de seguimiento de vuelos indican que los cazas iniciaron la maniobra a unas 150 millas náuticas de la costa venezolana, cruzando la zona de agua que el país reclama como territorio nacional. Durante el trayecto, los aviones permanecieron dentro del espacio aéreo internacional, según confirmó un funcionario del Departamento de Defensa, quien se mostró reservado al no poder confirmar si la aeronáutica estaba armada.
Ese avistamiento no es la primera presencia de la fuerza aérea de Estados Unidos en la región. En meses anteriores, bombarderos B‑52 Stratofortress y B‑1 Lancer han sido enviados a operar cerca de la costa, pero sin llegar a la distancia del Golfo que se ha registrado en este caso. Para la administración de Trump, la maniobra busca demostrar el alcance de sus capacidades y no pretendía provocar un conflicto directo.
Las declaraciones oficiales se han entrelazado con acusaciones de Maduro, quien sostiene que la operativa es un intento de forzar su salida del cargo. Paralelamente, los legisladores estadounidenses han exigido la publicación de los videos sin editar de los ataques, mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha advertido que la información sigue bajo evaluación. En el mismo día, el almirante Alvin Holsey, que se retirará de la base al mando del Mando Sur, sostuvo conversaciones con miembros clave del Senado sobre la estrategia militar en la zona.
En el contexto de la campaña de “conflicto armado” contra los cárteles, el presidente Trump ha afirmado que Estados Unidos se enfrenta a una amenaza que trasciende las fronteras del país. A la vez, juristas estadounidenses y el ejército han mantenido durante décadas que el Golfo de Venezuela está bajo jurisdicción internacional, cuestionando las reclamaciones territoriales del gobierno venezolano.