El 17 de junio, el presidente Donald Trump firmó un decreto que declara al régimen de Nicolás Maduro como organización terrorista extranjera. A la par, anunció un bloqueo total a todos los buques petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela. El decreto, que todavía se encuentra bajo revisión en los tribunales de Washington, se traduce en una orden explícita que amenaza con cortar los flujos de petróleo que arían hasta la economía del chavismo.
Entre los detalles más reveladores de la medida se incluye una lista específica de embarcaciones: el Venezuelan Horizon, el Mar Caribe y el El Farsight, todos ellos con registros en los Estados Unidos. El bloqueo impone también sanciones de carácter financiero, restringiendo transacciones con entidades vinculadas a estas compañías. El impacto, que ya debería ponerse de manifiesto en las puertos marítimos de la región, se proyecta sobre las compañías petroleras internacionales que operan bajo licencia venezolana.
En otro frente, la jefa de gabinete Susie Wiles, quien ha sido sublema del presidente en cuestiones de política externa, sugirió en una entrevista a Vanity Fair que la finalidad inmediata de las sanciones es derribar al régimen de Maduro y abrir la senda a un cambio de gobierno. Este comentario ha sido señalado por críticos como “una declaración estratégica” pero sin pruebas concretas, por lo que su veracidad sigue siendo un punto de debate.
La respuesta presidencial se mantiene en silencio. Se confirma que el presidente de Estados Unidos programó un mensaje para la nación este miércoles a las 21:00 horas locales, pero sin confirmar si abordará directamente la nueva regulación con Venezuela. Este anuncio, coincidente con el anuncio de la intervención militar en otras regiones, plantea un escenario en el que la política externa de EE. UU. se vuelve cada vez más agresiva.
En una entrevista exclusiva con The New York Post, el presidente afirmaba que el contenido del documento no estaba en línea con sus intenciones, calificándolo como “malinterpretado”. No obstante, se ha confirmado que la administración continúa con la línea de presión, incluyendo la imposición de sanciones adicionales al sector petrolero.
Al mismo tiempo, el presidente chileno José Antonio Kast, quien recientemente ganó la presidencia, manifestó su apoyo a la intervención de EE. UU. en Venezuela. Kast argumenta que la acción sería una herramienta para resolver el “problema” causado por el gobernante chavista, y destaca que una intervención exitosa “solucionaría un escenario gigantesco” para América Latina y Sudamérica, incluso afectando a países de Europa.
Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro ha declarado a Maduro “dictador”, sin embargo, ha hecho notar que no cuenta con pruebas suficientes para demostrar su vínculo con el narcotráfico. Este comentario sigue generando tensiones en la política latinoamericana, mientras los gobiernos se enfrentan al dilema de equilibrar la crítica al autoritarismo con la necesidad de mantener la estabilidad regional.
En el día mismo, el presidente chileno llegó a la Casa Rosada para reunirse con líderes de alto nivel, mientras la nueva administración de México observa con cautela la evolución de la situación, considerando la importancia de los vínculos bilaterales y los intereses en la frontera norte.