Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años por tráfico sexual, compareció este lunes vía videollamada ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes desde una prisión federal en Texas. Sin embargo, la diligencia se vio estancada cuando Maxwell invocó su derecho constitucional a guardar silencio para evitar la autoincriminación. A pesar de las advertencias previas de sus abogados, el legislador republicano James Comer insistió en realizar el interrogatorio como parte de una investigación exhaustiva para determinar cómo Jeffrey Epstein logró operar su red de abusos durante décadas sin ser detectado.
La estrategia de la defensa, liderada por el abogado David Oscar Markus, ha dado un giro mediático al condicionar una futura cooperación a cambio de un indulto presidencial. Markus sostuvo que su cliente está dispuesta a hablar bajo dicho beneficio y aprovechó para declarar que tanto el expresidente Bill Clinton como el actual mandatario Donald Trump son "inocentes de cualquier delito" en relación con este caso. Esta postura surge en un contexto de alta presión política, donde Comer también ha forzado a los Clinton a aceptar declaraciones ante el comité a finales de este mes bajo amenaza de cargos por desacato.
Mientras Maxwell busca la anulación de su sentencia argumentando un proceso injusto, los legisladores demócratas han comenzado a revisar los archivos sin censura sobre el caso Epstein, liberados recientemente por el Departamento de Justicia. El objetivo del Congreso es identificar a cualquier facilitador de la red de tráfico que aún no haya enfrentado la justicia. Con el silencio de Maxwell y la próxima comparecencia de figuras políticas de alto nivel, el caso Epstein entra en una fase de escrutinio institucional que promete revelar detalles hasta ahora protegidos por acuerdos de confidencialidad y ediciones legales.