Rusia ha dado un paso decisivo en su estrategia por dominar el flujo de información dentro de sus fronteras al intentar bloquear por completo el funcionamiento de WhatsApp. Representantes de la aplicación, propiedad de Meta, denunciaron que esta medida busca obligar a los ciudadanos a utilizar MAX, una plataforma de mensajería respaldada por el Estado que ha sido señalada por críticos y expertos como una herramienta de espionaje. A diferencia de los estándares internacionales, MAX no cuenta con cifrado de extremo a extremo y estipula abiertamente que entregará los datos de los usuarios a las autoridades cuando se le solicite, funcionando como un ecosistema que integra pagos, trámites y vigilancia.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, condicionó el levantamiento del veto a que Meta se ajuste estrictamente a las normativas locales, las cuales se han vuelto mucho más severas desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022. Esta ofensiva digital no es aislada; se suma al bloqueo previo de redes como Facebook, Instagram y Twitter, así como a las recientes limitaciones impuestas a Signal, Viber y el servicio FaceTime de Apple. Según analistas tecnológicos, al inhabilitar WhatsApp, el gobierno ruso libera recursos técnicos para concentrar sus esfuerzos de monitoreo en Telegram, una plataforma que, a pesar de las amenazas de Roskomnadzor, sigue siendo vital para la comunicación, incluso entre sectores militares.
Bajo el mandato de Vladimir Putin, el control sobre internet se ha convertido en una prioridad de seguridad nacional, recurriendo tanto a leyes restrictivas como a la manipulación del tráfico para ralentizar sitios como YouTube. Aunque muchos rusos todavía intentan evadir estas barreras mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN), el Estado ha comenzado a bloquear estos servicios de forma rutinaria. Con la promoción activa de su "mensajería nacional", Moscú pretende consolidar un entorno digital cerrado donde el anonimato sea inexistente y el acceso a la información esté plenamente supervisado por el aparato gubernamental.