Corea del Sur ha cerrado uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente con la condena a cadena perpetua del expresidente Yoon Suk-yeol. El Tribunal del Distrito Central de Seúl dictaminó este jueves que el despliegue de tropas y fuerzas de seguridad para bloquear el Parlamento en diciembre de 2024 no fue una medida de emergencia legítima, sino un intento deliberado de subvertir la Constitución. Aunque la Fiscalía había solicitado la pena capital, el juez Jee Kui-youn optó por la prisión de por vida, respetando la moratoria vigente sobre la ejecución de sentencias de muerte en el país asiático, mientras calificaba las acciones del exlíder como un ataque directo a los valores democráticos fundamentales.
La sentencia no solo recayó sobre el antiguo jefe de Estado, sino que alcanzó a la cúpula que respaldó el breve pero traumático estado de excepción. Kim Yong-hyun, quien fuera ministro de Defensa, recibió una condena de 30 años de prisión, sumándose a las penas ya dictadas contra otros altos cargos como el ex primer ministro Han Duck-soo y el extitular de Interior. El fallo judicial ratifica la postura del Tribunal Constitucional, que ya en abril del año pasado había destituido a Yoon tras concluir que no existía una crisis real que justificara paralizar las instituciones mediante el uso de la fuerza militar.
El ambiente en los alrededores del tribunal reflejó la profunda fractura social que persiste en la nación, con movilizaciones masivas de detractores y simpatizantes que obligaron a desplegar un estricto operativo de seguridad. Mientras muchos ciudadanos recibieron el veredicto entre lágrimas de alivio, las autoridades se mantuvieron en alerta máxima para evitar disturbios similares a los asaltos judiciales ocurridos en meses anteriores. Con esta resolución, que se suma a una condena previa por obstrucción de la justicia, se pone fin a la carrera política de un hombre que, en apenas seis horas de decreto fallido, desató la crisis institucional más grave de la democracia surcoreana moderna.