En un fallo histórico que redefine los límites del poder presidencial, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que la Casa Blanca carece de facultades para fijar aranceles sin una autorización legislativa explícita. Bajo la ponencia del juez John Roberts, el tribunal concluyó que la administración de Donald Trump excedió su autoridad al interpretar de forma "extraordinaria" la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) de 1977. La sentencia deja claro que ni siquiera una declaratoria de emergencia nacional justifica que el Presidente asuma funciones que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Legislativo.
El núcleo del debate jurídico se centró en si el término "regular la importación", contenido en la citada ley, otorgaba permiso para establecer impuestos aduaneros. El Gobierno argumentó que la normativa le permitía fijar tarifas sin límites de monto o duración; sin embargo, los magistrados rechazaron tajantemente esta postura. La Corte recordó que, según el Artículo I de la Constitución, la facultad de "establecer y recaudar contribuciones" es un poder tributario originario del Congreso, y que cualquier delegación de esta potestad debe ser específica, temporal y con límites cuantitativos precisos, requisitos que la IEEPA no cumple.
Con este revés judicial, se invalidan tanto los aranceles vinculados a la lucha contra el narcotráfico como los aplicados bajo el concepto de "reciprocidad" por déficits comerciales. El tribunal enfatizó que los Padres Fundadores no cedieron ninguna porción de la autoridad fiscal al Ejecutivo y que equiparar la regulación de transacciones extranjeras con la imposición de gravámenes es jurídicamente insostenible. Esta decisión no solo desmantela una pieza clave de la política comercial actual, sino que restablece el equilibrio de poderes al blindar la soberanía del Congreso sobre los ingresos de la nación.