El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que el Gobierno de Donald Trump actuará en consecuencia una vez que se esclarezcan los pormenores del enfrentamiento armado ocurrido este miércoles. La postura oficial de Washington es de cautela frente a la versión ofrecida por La Habana, que atribuye el inicio de las hostilidades a la tripulación de una lancha rápida proveniente de Estados Unidos. Rubio subrayó la necesidad de obtener información de fuentes autónomas, desmarcándose de los reportes emitidos por las autoridades cubanas sobre la muerte de cuatro personas y las heridas sufridas por otras seis durante la interceptación en aguas territoriales.
La diplomacia estadounidense ha solicitado acceso consular inmediato a los sobrevivientes, quienes se presume poseen la ciudadanía de ese país, con el fin de evaluar su situación jurídica y de salud. Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia negó cualquier contacto directo con el Gobierno cubano sobre este incidente y fue enfático al descartar que personal oficial de Estados Unidos estuviera involucrado en la balacera. En paralelo, la fiscalía de Florida ya ha puesto en marcha una investigación propia, prometiendo consecuencias legales para los responsables de las muertes en un contexto de creciente hostilidad política entre ambas naciones.
Investigaciones preliminares indican que el navío involucrado era una embarcación recreativa modelo Pro-Line de 1981, de unos siete metros de longitud, y no una nave perteneciente a la Guardia Costera o a la Armada estadounidense. Este episodio se suma a una lista de roces navales previos en la zona y ocurre en un momento de máxima tensión diplomática, marcado por las recientes restricciones petroleras impuestas por Washington. Mientras Cuba sostiene que sus tropas respondieron a una agresión directa, Estados Unidos prefiere agotar sus propias vías de verificación antes de definir la magnitud de su respuesta política o diplomática.