Un ciudadano mexicano de 53 años, Alexander Quichi Villatoro Moreno, se declaró culpable de conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) en un tribunal federal de Tampa, Florida, por dirigir una red criminal que explotaba a trabajadores agrícolas bajo la fachada de una empresa contratista.
La organización, conocida como Los Villatoros Harvesting (LVH), reclutaba ciudadanos mexicanos ofreciendo visas agrícolas temporales H-2A, pero en realidad los engañaba para obtener beneficios ilegales. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, LVH mentía sobre salarios, jornadas laborales y condiciones de trabajo, obligando a los empleados a laborar hasta siete días a la semana por remuneraciones inferiores a las establecidas por ley.
Además de la explotación laboral, la red exigía pagos exorbitantes para ingresar al supuesto empleo, imponía deudas ficticias, confiscaba pasaportes, sometía a los trabajadores a hacinamiento y les aplicaba humillaciones y violencia verbal. Para impedir denuncias, los miembros de la organización amenazaban con reportarlos a las autoridades migratorias y cortaban su comunicación con el exterior.
Cuatro cómplices ya se habían declarado culpables previamente: Bladimir Moreno, hermano de Quichi, sentenciado a 118 meses de prisión y condenado a pagar 175 mil dólares en restitución; Efraín Cabrera Rodas y Christina Gamez, supervisores de LVH, condenados a 41 y 37 meses de cárcel, respectivamente; y Guadalupe Mendez Mendoza, también supervisora, sentenciada a ocho meses de arresto domiciliario y una multa de 5 mil 500 dólares durante 24 meses de libertad supervisada.
El caso contó con la colaboración del gobierno de México, particularmente de la Fiscalía General de la República (FGR), que brindó apoyo clave para la extradición de Quichi Villatoro Moreno. Asimismo, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EE.UU. coordinó con autoridades mexicanas su detención y traslado al país vecino para enfrentar cargos.
Las autoridades destacaron que esta red operó en múltiples estados, incluyendo Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte, evidenciando una estructura criminal transnacional que aprovechó programas migratorios legales para cometer delitos graves contra derechos humanos y laborales.