Un tribunal ruso dictó este jueves cadena perpetua a 15 hombres por el atentado terrorista del 22 de marzo de 2024 en el Crocus City Hall, en las afueras de Moscú, que causó la muerte de 150 personas y dejó al menos 600 heridos, entre ellos niños. Este ataque, el más mortífero en Rusia en más de dos décadas, fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).
Los acusados, entre ellos cuatro ciudadanos de Tayikistán, fueron juzgados a puerta cerrada hasta la lectura pública del veredicto. Cuatro de ellos fueron condenados por participación directa en el ataque y complicidad, mientras que otros recibieron penas que van de 19 años y 11 meses a 22 años y seis meses por vínculos con actividades terroristas.
Durante la lectura del fallo, los acusados aparecieron cabizbajos dentro de la jaula de cristal destinada a los procesados, bajo estricta vigilancia de las fuerzas de seguridad. La sentencia coincide con las peticiones formuladas por la fiscalía rusa.
El Comité de Investigación de Rusia, principal órgano judicial del país, afirmó que el ataque fue "planificado y cometido" bajo intereses del gobierno ucraniano con el fin de "desestabilizar la situación política" en Rusia. Sin embargo, el Kremlin no ha presentado pruebas que respalden esta acusación, que ha sido categóricamente rechazada por Kiev.
El ataque ocurrió mientras Rusia llevaba dos años de guerra en Ucrania. El Comité reveló además que algunos de los condenados habían planeado otro atentado, esta vez contra un complejo recreativo en Kaspiisk, en la república de Daguestán, aunque el plan fue frustrado por las autoridades.
Ivan Pomorine, un director de fotografía de 45 años, se encontraba en el lugar la noche del ataque para grabar un concierto de rock. Relató momentos de caos y pánico mientras el comando armado irrumpía en el recinto, abría fuego contra la multitud y prendía fuego al edificio.
El ejército ruso ha enfrentado durante décadas insurgencias en regiones del Cáucaso, particularmente en Chechenia y Daguestán, donde movimientos separatistas se radicalizaron e integraron al Estado Islámico en 2015. Aunque su influencia ha disminuido, aún se registran ataques esporádicos en esas zonas y en prisiones rusas.
Tras el atentado, el gobierno ruso endureció sus leyes antiterroristas y reforzó su discurso antimigratorio, a pesar de que millones de trabajadores procedentes de Asia Central residen y laboran legalmente en el país.