Por los caminos de terracería que rodean el centro de detención migratoria de Adelanto, Luis Gallardo Solano cruzó esposado, dentro de una patrulla de ICE, con la mirada fija en las rejas coronadas de púas y los arbustos del desierto. Hasta ese momento, el joven de 23 años almorzaba con sus compañeros de la construcción. Horas después, vestía el uniforme naranja de los indocumentados en uno de los complejos migratorios más grandes de Estados Unidos, ubicado a 137 kilómetros de Los Ángeles.
Gallardo se sumó a los dos mil migrantes que en Adelanto aguardan una resolución: un milagro, una resolución judicial o la ayuda de quienes han convertido a California en el epicentro de la resistencia contra las políticas antiinmigratorias de Donald Trump. En este estado viven 10.6 millones de personas nacidas en el extranjero —más de una cuarta parte de la población—, de las cuales 2.7 millones no tienen documentos. De ellas, 951 mil residen en Los Ángeles, integradas a comunidades donde ciudadanos, residentes y familiares se convierten en escudos.
Desde la detención de Gallardo, su esposa activó una red comunitaria que incluye iglesias, organizaciones sin fines de lucro y activistas. Una de ellas es la organización interreligiosa CLUE, representada por el sinaloense Guillermo Torres, quien acudió al centro de detención tras la llamada de auxilio. “Sin antecedentes penales, con dos hijos y familiares ciudadanos, Luis tiene posibilidades de quedarse”, asegura Torres, quien ya trabaja en gestionar su fianza, como hicieron recientemente con Lázaro, un cubano exintegrante de la Orquesta Sinfónica de su país.
En todo California operan unas 300 organizaciones dedicadas a la defensa migrante, 80 de ellas en Los Ángeles, según el Departamento de Servicios Sociales del estado. Ofrecen asesoría legal, documentan abusos y comparten información estratégica para evitar deportaciones. Esta red incluye desde líderes religiosos que ofrecen cobijo hasta ciudadanos comunes que realizan “contra patrullajes” en sus barrios para advertir sobre la presencia de agentes de ICE o supuestos mercenarios contratados por la agencia.
El gobernador Gavin Newsom, alcaldes, congresistas y concejales han respaldado estas acciones, enfrentando directamente las redadas masivas en comunidades latinas. Sin embargo, desde la perspectiva de activistas como Roberto Bravo, los migrantes no cuentan con apoyo institucional suficiente por parte de México. “Por la vía institucional mexicana, los indocumentados en Estados Unidos están solos”, denuncia Bravo, quien busca a detenidos originarios de Puebla, estado cuyo gobernador, Alejandro Armenta, incumplió su promesa de contratar abogados para su defensa.
Las nuevas generaciones de origen extranjero, ciudadanas por nacimiento, han asumido un rol protagónico. La discriminación y el temor los han radicalizado: se sienten menos estadounidenses, más mexicanos, más salvadoreños, más latinos. Su respuesta ha sido organizarse, vigilar, denunciar y proteger. En Adelanto, mientras Gallardo recuerda con serenidad cada detalle de su detención, una mujer llora al lado: “Te tendieron una trampa, mijo”. Y un guardia latino, con acento mexicano, observa, comenta, y a veces, sonríe con empatía.