El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, intensificó este martes 17 de marzo su ofensiva contra las pandillas al presentar al Congreso una reforma constitucional que permitirá imponer cadena perpetua a quienes cometen homicidios, violaciones y actos catalogados como terrorismo. La iniciativa elimina la prohibición previa de penas perpetuas, cuya condena máxima hasta ahora era de 60 años con posibilidad de reducción.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó durante la presentación que la "guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene", en referencia a miembros de pandillas como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, declaradas organizaciones terroristas por El Salvador y Estados Unidos. La reforma llega días después de que organismos internacionales denunciaran "crímenes de lesa humanidad" en el marco del régimen de excepción vigente desde 2020.
Dicho régimen ha permitido la detención arbitraria de al menos 91,500 personas sin orden judicial, según datos oficiales. Organizaciones como Socorro Jurídico denuncian que cerca de 500 presos han muerto sin juicio y que el 94% de ellos "no tenían perfil de pandillero". Además, se han llevado a cabo juicios masivos, cuestionados por su falta de garantías procesales.
Con 1,700 presos por cada 100,000 habitantes, El Salvador posee la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, según el World Prison Brief. Bukele ha rechazado la reinserción social de los pandilleros, promoviendo una política de mano dura que ha reducido drásticamente los homicidios, pero que ha sido ampliamente criticada por grupos de derechos humanos.
Human Rights Watch (HRW) denunció el lunes 16 de marzo que el gobierno mantiene en "desaparición forzada" a al menos 11 migrantes salvadoreños deportados desde Estados Unidos junto con 252 venezolanos, acusados sin pruebas de pertenecer a estructuras criminales. Asimismo, un grupo de juristas internacionales presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusaciones de tortura, asesinatos, desapariciones forzadas y persecución política.
El gobierno de Bukele ha respondido con dureza a las críticas: el mandatario ha calificado a las organizaciones de derechos humanos como "bufetes legales internacionales del crimen". Amnistía Internacional y otras entidades aseguran que el régimen de excepción ha sido utilizado para silenciar voces críticas y defensores de derechos humanos, muchos de los cuales han sido forzados al exilio.
Se desconoce si la reforma será aplicada de forma retroactiva ni cuál será su impacto en los procesos judiciales ya en curso. No obstante, la medida refuerza el control político de Bukele, quien goza de amplios poderes y respaldo popular tras haber reducido la violencia pandillera en un país que antes registraba altas tasas de homicidios.