El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su apoyo al programa de visas H-2A para permitir a los agricultores contratar trabajadores extranjeros temporales, en medio de una creciente escasez de mano de obra en el sector agrícola. La medida, impulsada por la administración Trump y respaldada ahora por altos funcionarios como la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, busca aliviar las cargas regulatorias y reducir costos laborales en un sector cada vez más dependiente de la fuerza laboral migrante.
Según datos del Departamento de Trabajo, la dificultad para reclutar trabajadores estadounidenses ha aumentado, especialmente en cultivos intensivos como frutas y verduras. Una encuesta conjunta de la Oficina Agrícola de California y la Universidad Estatal de Míchigan reveló que casi el 20% de los agricultores en estos sectores reportaron escasez de personal atribuible a redadas migratorias y al clima de incertidumbre generado por políticas de inmigración más severas.
En octubre, el Departamento de Trabajo ajustó la fórmula para calcular los salarios mínimos de los trabajadores H-2A, lo que resultó en una reducción de entre 1 y 7 dólares por hora según el estado. Además, se permite ahora incluir el alojamiento como parte del paquete salarial. Estos cambios han sido celebrados por muchos agricultores, como Bruce Talbott, dueño de un huerto de melocotones y viñedo en Colorado, quien asegura que sin el programa H-2A perdería cosechas enteras. Actualmente, su granja emplea entre 40 y 50 trabajadores migrantes, principalmente de México, frente a solo cinco locales.
Sin embargo, la reforma ha generado fuertes críticas. La Unión de Campesinos de América presentó una demanda contra la normativa, argumentando que la reducción salarial perjudica a los trabajadores estadounidenses al desplazarlos del mercado laboral o presionar a la baja sus ingresos. Mark Krikorian, del Centro de Estudios sobre Migración, advirtió que estas medidas contradicen los objetivos declarados de la política migratoria de reducir la inmigración y promover la automatización en el campo.
El debate refleja una tensión estructural: mientras el gobierno promueve una retórica de mano de obra 100% estadounidense, la realidad económica del sector agrícola obliga a depender de migrantes. En 2025, apenas 182 empleadores lograron demostrar que podían contratar trabajadores locales, frente a decenas de miles que recurrieron al programa H-2A. Este dilema subraya cómo los objetivos de control migratorio, estabilidad alimentaria y protección al trabajador local entran en conflicto en la práctica.