La Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra en el centro de un debate crucial sobre el futuro del derecho al asilo en el país, tras analizar si el gobierno puede impedir que personas en la frontera sur soliciten protección sin haber cruzado físicamente al territorio estadounidense. El caso, discutido el martes 24 de marzo de 2026, podría tener profundas implicaciones para miles de mexicanos y centroamericanos que buscan refugio en Estados Unidos.
El eje del litigio gira en torno a la interpretación de la palabra "llegar" en la ley federal de asilo, que establece que cualquier persona que esté "físicamente presente" en EE.UU. o que "llegue" al país puede solicitar asilo. El Departamento de Justicia argumenta que "llegar" implica haber completado el cruce fronterizo, mientras que las organizaciones defensoras de migrantes sostienen que presentarse ante un oficial en un puerto de entrada ya constituye una solicitud válida, independientemente del lado de la frontera en que se encuentre la persona.
La mayoría conservadora de la Corte mostró inclinación hacia la postura del gobierno. La jueza Amy Coney Barrett cuestionó: "Si no es cruzar la frontera física, ¿cuál es la cosa mágica?", mientras que el juez Brett Kavanaugh sugirió que, sin importar el criterio establecido, el gobierno probablemente detendrá a los migrantes justo en el punto definido y los devolverá a México.
Las juezas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson expresaron preocupación por las consecuencias humanitarias. Sotomayor recordó el caso del St. Louis en 1939, cuando EE.UU. negó asilo a más de 900 judíos que huían del nazismo: "Si eres un refugiado que llega al puerto de entrada y llamas a la puerta, tienes la obligación de al menos escuchar mi solicitud", afirmó.
La medida en discusión no es nueva. Fue implementada por primera vez por el gobierno de Barack Obama en 2016, ampliada por Donald Trump entre 2018 y 2021, y posteriormente eliminada por Joe Biden. Ahora, el Departamento de Justicia busca restablecerla como herramienta de control migratorio.
Si la Corte falla a favor del gobierno, podría replicarse la situación vivida entre 2018 y 2021, cuando miles de solicitantes de asilo quedaron atrapados en campamentos improvisados en ciudades fronterizas mexicanas, con escasez de alimentos, servicios básicos y altos niveles de vulnerabilidad.
Vivek Suri, representante del Departamento de Justicia, defendió la medida como una "herramienta fundamental" para manejar aumentos en el flujo migratorio. Por el contrario, Kelsi Corkran, abogada que representa a solicitantes de Honduras, Nicaragua y México, argumentó que estas restricciones nunca fueron necesarias en casi un siglo de historia del asilo en EE.UU., y que las largas filas en la frontera son consecuencia de estas políticas, no su causa.
La decisión final se espera para finales de junio o principios de julio de 2026, y podría convertirse en uno de los fallos migratorios más trascendentales de las últimas décadas, con impacto directo en las políticas fronterizas hacia México y Centroamérica.