El Departamento de Justicia anunció una ampliación de los métodos de aplicación de la pena de muerte en casos federales, incorporando el pelotón de fusilamiento, la electrocución y el gas letal. La medida, respaldada por el presidente Donald Trump, busca “ponerse del lado de las víctimas” y reactivar la ejecución de los crímenes más graves.
Durante su primer mandato, Trump puso fin a una pausa de 17 años en las ejecuciones federales, autorizando 13 muertes por inyección letal en los últimos seis meses de su gestión, la cifra más alta en 120 años. Al concluir su segundo mandato en enero de 2025, el presidente demócrata Joe Biden, opositor a la pena capital, conmutó 37 de los 40 sentenciados a muerte a nivel federal.
En su primer día de regreso a la Casa Blanca, Trump solicitó ampliar la pena de muerte “para los crímenes más viles”. Actualmente, cinco estados permiten el pelotón de fusilamiento, aunque solo Carolina del Sur lo ha utilizado recientemente. Nueve estados autorizan la electrocución, método que no se emplea desde 2020, y dos estados han ejecutado reclusos mediante hipoxia de nitrógeno.
La pena de muerte sigue vigente en 27 estados; 23 la han abolido y tres (California, Oregón y Pensilvania) mantienen moratorias. La propuesta de Trump reaviva el debate nacional sobre la legitimidad, la eficacia y la moralidad de la pena capital en Estados Unidos.