El CBP reportó 4 801 encuentros con individuos catalogados en el Terrorist Screening Dataset en los primeros cinco meses del año fiscal 2026, un incremento sin precedentes que supera los 3 704 casos registrados en todo 2025 y los 52 del año fiscal 2024.
El salto se originó tras la orden ejecutiva 14157, firmada el 20 de enero de 2025 por el presidente Donald Trump, que incluyó en la lista negra a ocho organizaciones criminales: los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos, además de la Mara Salvatrucha (MS‑13) y el Tren de Aragua. El secretario de Estado, Marco Rubio, publicó la designación el 20 de febrero de 2025, equiparando legalmente a estos grupos con Al‑Qaida, ISIS y Hezbolá.
Con la designación, cualquier persona con vínculo documentado a dichas organizaciones quedó automáticamente inscrita en el Terrorist Screening Dataset, la base de datos de vigilancia del FBI que alimenta los sistemas de detección del CBP. Desde entonces, los encuentros en la frontera suroeste se dispararon: 416 en mayo de 2025, 859 en agosto y 957 en septiembre, de los cuales 922 fueron en cruces legales desde México.
Trump, en septiembre de 2025, declaró en la Casa Blanca que "los cárteles son el ISIS del hemisferio occidental", resaltando el objetivo de la medida: tratar el narcotráfico como una amenaza terrorista. La estadística más impactante muestra un promedio mensual de 960 encuentros en 2026, frente a los 309 de 2025 y los escasos cuatro mensuales del año fiscal 2024 bajo la administración de Joe Biden.
Antes de la orden, casos aislados de individuos vinculados a organizaciones terroristas tradicionales fueron detectados en la frontera, como el afgano Mohammad Kharwin (Hezb‑e‑Islami) detenido en marzo de 2023 y liberado por falta de pruebas, o un somalí miembro de Al‑Shabaab que también fue liberado tras un "error de coincidencia". Estos episodios subrayan la diferencia de alcance entre la vigilancia previa y la actual, ahora ampliada a los cárteles latinoamericanos.
El aumento de registros plantea preguntas sobre la efectividad de la política, el impacto en la cooperación binacional y los derechos de los migrantes que, por su origen o presuntos vínculos, pueden ser objeto de detenciones prolongadas.