Spirit Airlines, la aerolínea de bajo costo de Estados Unidos, concluyó sus actividades el 2 de mayo, poniendo fin a 34 años de operaciones y dejando sin empleo a cerca de 15,000 personas. La decisión se tomó después de que la compañía, ya bajo protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras desde principios de 2026, no lograra obtener la liquidez necesaria para seguir operando.
El colapso financiero de Spirit se originó en el aumento sostenido de los precios del petróleo, consecuencia del conflicto bélico con Irán, lo que encareció drásticamente el combustible para aviones. Ante la imposibilidad de cubrir sus costos, la empresa solicitó ayuda estatal; la administración de Donald Trump ofreció 500 millones de dólares a cambio del 90 % de la compañía, pero la propuesta fue rechazada por los acreedores.
El último vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Dallas‑Fort Worth en la madrugada del 2 de mayo, y la aerolínea emitió un comunicado instando a los pasajeros a no acudir a los aeropuertos, pues todos los vuelos estaban suspendidos. Los reembolsos de boletos comprados con tarjetas bancarias se procesarán automáticamente, mientras que los adquiridos a través de agencias de viajes dependerán de gestiones con terceros.
El cierre impactó de forma directa a la plantilla laboral: aproximadamente 15,000 empleados quedaron sin trabajo, muchos de los cuales fueron despedidos en medio de lágrimas y entrevistas emotivas. Otros aerolíneas de bajo costo, como American Airlines, JetBlue, United y Southwest, anunciaron tarifas especiales de rescate para atender a los viajeros varados.
Sean Duffy, secretario de Transporte de EE. UU., declaró que el gobierno no debe rescatar a aerolíneas de bajo costo que solicitan ayudas millonarias, argumentando que la solicitud de Spirit se percibe más como una oportunidad de lucro que como una necesidad real. La ausencia de un rescate estatal deja clara la vulnerabilidad del modelo de negocio de las aerolíneas de bajo costo ante la volatilidad de los precios del combustible.