Las fuerzas armadas de Estados Unidos anunciaron que el pasado 4 de mayo ejecutaron un ataque contra una embarcación que, según la inteligencia militar, transportaba droga y operaba en rutas tradicionales de narcotráfico en el Caribe. El operativo, llevado a cabo por la Joint Task Force Southern Spear bajo la dirección del comandante del SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, consistió en un disparo cinético letal contra la lancha, catalogada como operada por organizaciones terroristas designadas.
El ataque dejó como saldo dos hombres muertos; según el Comando Sur, ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido ni sufrió daño alguno. La administración del presidente Donald Trump ha defendido la acción como parte de su política para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, política que se ha traducido en la presencia de operativos militares en el Caribe desde agosto de 2025 y su posterior expansión al Pacífico.
Hasta la fecha, los operativos estadounidenses en aguas internacionales han causado la muerte de más de un centenar de personas, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH ha expresado su preocupación por lo que califica como “operativos letales” que vulnerarían el derecho internacional y los derechos humanos.
El comunicado oficial de la Fuerza Aérea de EE. UU. subraya que la embarcación transitaba por rutas conocidas de tráfico de drogas y participaba en actividades del narcotráfico, aunque no se ha divulgado la nacionalidad de los fallecidos ni la ubicación exacta del incidente.
El caso reaviva el debate sobre la legitimidad y el alcance de las acciones militares estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico, así como la necesidad de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que garanticen el respeto a la normativa internacional.