La Corte de Texas resolvió que la ley SB4, aprobada por el Congreso estatal en 2023, entrará en vigor a partir del 15 de mayo, otorgando a la policía estatal autoridad absoluta para arrestar y retener a individuos sospechosos de haber ingresado de manera irregular a Estados Unidos, y facultando a los jueces estatales a ordenar su expulsión inmediata hacia territorio mexicano.
El fallo se sustenta en que las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes que presentaron recursos legales no poseen derecho procesal para interponer la demanda, según determinó el tribunal. Ante esta decisión, América García, activista de derechos migratorios en el condado de Maverick, señaló inconsistencias y riesgos de discriminación contra comunidades hispanas y minorías étnicas y raciales.
La normativa tipifica la entrada irregular como delito estatal, con penas que van desde seis meses de prisión hasta 20 años para reincidentes. En el contexto actual, bajo la administración de Donald Trump, los cruces irregulares en la frontera han alcanzado su nivel más bajo en años, mientras el gobierno federal impulsa una campaña de arrestos masivos de inmigrantes dentro del territorio nacional.
Organizaciones de derechos humanos advierten que la SB4 podría fomentar prácticas discriminatorias por parte de autoridades locales y vulnerar garantías constitucionales, aunque el tribunal haya desestimado sus argumentos procesales.