Washington intensificó la presión sobre La Habana al imponer nuevas sanciones a dos actores económicos estratégicos de Cuba: una empresa mixta en la que participa la minera canadiense Sherritt y el conglomerado empresarial GAESA, controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.
El anuncio, realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, se basa en un decreto firmado la semana pasada por el presidente Donald Trump, el cual amplía la lista de sectores cubanos sujetos a sanciones para bancos extranjeros que realicen transacciones con ellos.
Rubio calificó a GAESA como una estructura “diseñada para generar ingresos no para el pueblo cubano, sino únicamente en beneficio de su élite corrupta”. Según una investigación del Miami Herald, GAESA manejaba alrededor de 18 mil millones de dólares en activos a inicios de 2024, equiparable al gasto del propio Estado cubano.
En paralelo, la empresa mixta vinculada a Sherritt recibió la orden de cesar sus operaciones en la isla, tras la decisión de la minera canadiense de abandonar Cuba.
Estas medidas se suman a un embargo estadounidense que ha permanecido casi ininterrumpido desde la revolución de 1959, y reflejan la intención de la administración Trump de ejercer mayor presión económica sobre el gobierno comunista cubano.