La familia de Gerardo Reyes, migrante mexicano detenido en el centro de detención de Hutto, Texas, exigió este jueves 14 de mayo mayor transparencia y sanciones más estrictas al agente de la policía de San Marcos que lo arrestó junto a su hijo de 17 años, Esteban, el 14 de marzo.
La policía de San Marcos anunció la suspensión temporal de 24 horas del agente Jaciel Cortina mientras se lleva a cabo una investigación interna. Un informe preliminar indica que Cortina incurrió en tres violaciones al reglamento del departamento: presentó información inexacta en una declaración jurada, no explicó adecuadamente la base legal de la detención y no realizó una investigación suficiente antes de proceder al arresto.
Sanjuana Escalante, esposa de Reyes, calificó las sanciones como insuficientes, ya que su esposo ha permanecido más de dos meses recluido en el centro de detención de ICE. La fiscalía del distrito de Hays desestimó los cargos de “obstrucción de funciones públicas” contra Reyes, mientras que los cargos contra su hijo se mantienen vigentes. El fiscal adjunto Greg Coxx sostuvo que el agente actuó “dentro de su autoridad legal”, postura que la familia rechaza.
Según testimonios y un video compartido con EFE, el 14 de marzo Reyes y su hijo regresaban a su domicilio cuando el agente los detuvo y les ordenó bajar del vehículo sin explicar el motivo. Esteban, que conducía, se negó a bajarse y preguntó por la razón de la detención; Reyes, al intentar proteger a su hijo menor, le puso un brazo sobre el pecho para impedir que lo hiciera.
Un juez de inmigración desestimó el 13 de mayo la solicitud de cancelación de la orden de deportación contra Reyes, quien carece de estatus migratorio regular. La familia anunció que presentará un recurso de habeas corpus para buscar la liberación de Reyes mientras se resuelve su caso migratorio.
El caso se enmarca en la política migratoria de mano dura implementada bajo la administración de Donald Trump, que incrementó los arrestos internos y generó cifras récord de detenciones: en enero de 2024, más de 73,000 migrantes estaban recluidos, el número más alto desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001.