Trump endurece vigilancia a remesas desde EU; bancos pedirán más datos a mexicanos

El presidente Donald Trump firmó el 19 de mayo de 2026 una orden ejecutiva titulada “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, que obliga a bancos y entidades financieras a intensificar la vigilancia de las transferencias internacionales, particularmente aquellas realizadas por migrantes mexicanos.

La medida, aunque no menciona la palabra “remesas”, se dirige explícitamente a los flujos de dinero que millones de mexicanos envían a sus familias desde EE. UU. Cada mes, México recibe más de 64 mil millones de dólares en remesas, según datos del Banco de México, posicionándose como el tercer receptor mundial.

Principales disposiciones del decreto

• El Departamento del Tesoro debe, en un plazo de 60 días, emitir un aviso formal a las instituciones financieras sobre los riesgos asociados a las transferencias de migrantes.
• Se refuerzan los programas de identificación de clientes (KYC) y se autoriza a los bancos a solicitar información sobre el estatus migratorio de los cuentahabientes cuando detecten indicadores de riesgo.
• El uso del ITIN (Número de Identificación Fiscal Individual), herramienta clave para migrantes indocumentados, será considerado un factor de riesgo que requerirá diligencia debida reforzada.
• La Reserva Federal y la FDIC deberán publicar guías en los próximos dos meses para gestionar riesgos crediticios vinculados a la población migrante sin autorización de trabajo, lo que podría limitar el acceso a créditos y préstamos.

Impacto potencial en las remesas

Si bien la orden no prohíbe el envío de remesas, abre la puerta a que los bancos aumenten la documentación requerida, retrasen o incluso rechacen transacciones de migrantes sin estatus legal regular. Dado que una parte significativa de los remitentes utiliza el ITIN para operar cuentas bancarias, la medida podría generar obstáculos operativos y costos adicionales para los familiares en México.

Reacciones y perspectivas

Organizaciones de derechos de migrantes y representantes del sector financiero han expresado preocupación por la posible discriminación y el impacto económico negativo en las familias mexicanas que dependen de estos recursos. Por su parte, el gobierno de México ha señalado que evaluará la situación y buscará mecanismos de mitigación para proteger el flujo de remesas.

El decreto entrará en vigor una vez que las agencias regulatorias publiquen sus guías, estimándose que los efectos se harán notar a partir del tercer trimestre de 2026.

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