La capital boliviana, La Paz, vive una escalada de protestas que ha cobrado al menos cuatro vidas y ha dejado decenas de heridos, mientras el presidente Rodrigo Paz enfrenta una creciente presión para renunciar. Desde el 21 de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó una marcha masiva que reunió a trabajadores, jóvenes, campesinos e indígenas, todos exigiendo la dimisión del mandatario, quien lleva apenas seis meses en el cargo.
El desencadenante de la crisis fue la eliminación del subsidio a los combustibles en diciembre, que disparó el precio del diésel en un 170 % sin acompañarse de aumentos salariales. La medida provocó bloqueos de rutas, una forma tradicional de protesta en Bolivia, y marcó la ruptura entre Paz y su vicepresidente, Edmund Lara, quien amenazó indirectamente con la caída del gobierno.
En marzo y abril, dos decisiones gubernamentales intensificaron el descontento: la apertura del mercado eléctrico a empresas privadas mediante un decreto que, según los movimientos sociales, vulnera la soberanía energética; y una reforma del régimen de tenencia de pequeñas propiedades campesinas que introducía nuevos impuestos y favorecía la concentración de tierras. Aunque la segunda ley fue derogada rápidamente, el daño político ya estaba hecho.
El contexto económico es aún más grave. En 2025, Bolivia ocupó el tercer lugar en la región en tasa de inflación, detrás de Venezuela y Argentina. El ajuste económico impuesto por el nuevo gobierno ha golpeado duramente a los sectores populares, que acusan al presidente de incumplir sus promesas electorales. Además, la devaluación del bolívar frente al dólar y el tráfico de combustible adulterado han agravado el costo de vida y los daños a los vehículos.
Desde principios de mayo, la COB ha llamado a una huelga general sin plazo determinado, lo que ha generado marchas indígenas y campesinas desde Beni y Pando, recorriendo cerca de mil kilómetros, y protestas sindicales por salarios y mejores servicios públicos, especialmente en salud. Los bloqueos de rutas, tanto a pie como en la ciudad satélite de El Alto, han puesto en alerta a la administración.
El gobierno, sin declarar estado de excepción, ha respondido con represión: detenciones masivas, uso de la fuerza y censura de manifestantes. El presidente Paz ha acusado al expresidente Evo Morales de orquestar las protestas, mientras Morales, bajo una orden de detención por presuntos delitos de trata y tráfico de personas, ha calificado la movilización como una "sublevación del pueblo contra el modelo neoliberal y el estado neocolonial" y ha pedido elecciones dentro de 90 días.
Varios gobiernos de derecha, incluidos Estados Unidos y Argentina, han emitido declaraciones de apoyo al presidente boliviano, lo que añade una dimensión internacional a la crisis. La situación sigue siendo volátil y la presión sobre el gobierno de Paz continúa en aumento.