El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, anunció el 26 de mayo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está elaborando planes para suspender el procesamiento migratorio y aduanero en aeropuertos de las llamadas “ciudades santuario”. La medida, que aún no ha sido aprobada, busca presionar a gobiernos locales que restringen la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según Mullin, los aeropuertos internacionales de ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y San Francisco podrían quedar fuera del servicio federal de inspección si sus autoridades locales continúan limitando la cooperación con ICE. “Las jurisdicciones que no colaboran con la aplicación de las leyes migratorias federales no deberían beneficiarse de los servicios federales de procesamiento internacional”, declaró en una entrevista con Fox News.
La propuesta surge tras los enfrentamientos del fin de semana en Nueva Jersey, donde manifestantes mantuvieron una vigilia frente al centro de detención Delaney Hall y se produjeron choques con agentes de ICE. Aunque la iniciativa aún no está en vigor, su posible implementación genera inquietud en la industria turística, especialmente a escasas semanas del inicio del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.
El Mundial, que reunirá a cientos de miles de visitantes extranjeros, depende en gran medida de la conectividad aérea de los principales hubs estadounidenses. La suspensión del procesamiento en aeropuertos como el JFK de Nueva York o LAX de Los Ángeles podría retrasar la llegada de turistas, afectar la logística de los equipos y complicar la operatividad de las aerolíneas.
Expertos en migración advierten que la medida podría vulnerar derechos de los viajeros y crear un precedente de politización del control fronterizo. Por su parte, defensores de las ciudades santuario argumentan que la política federal atenta contra la autonomía local y la protección de comunidades vulnerables.
Hasta el momento, el DHS no ha fijado una fecha para la posible ejecución del plan y señala que la decisión dependerá de la evaluación de la cooperación estatal y de la seguridad nacional.