Washington impuso restricciones de visas a más de 100 funcionarios y familiares del gobierno de Nicaragua después de que el líder indígena miskito Brooklyn Rivera falleciera el 31 de mayo a los 73 años, tras tres años de encarcelamiento que, según el propio gobierno nicaragüense, deterioró irremediablemente su salud.
El anuncio lo realizó el senador Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense, quien señaló que la medida busca responsabilizar a quienes participaron directamente en la negación de atención médica a Rivera y en impedir que su familia enterrara sus restos. Entre los nombres citados se encuentra Lumberto Campbell Hooker, expresidente interino del Consejo Supremo Electoral, sancionado previamente en 2019 por restricciones financieras.
El Departamento de Estado no reveló la lista completa de los afectados, recordando que la normativa no obliga a publicar los nombres de los sancionados. Sin embargo, la restricción se enmarca en una política más amplia de EE.UU. que, desde abril, ha limitado la entrada a ciudadanos de varios países latinoamericanos considerados hostiles o poco cooperantes en la lucha contra el crimen organizado, la migración irregular y presuntas violaciones de derechos humanos.
Brooklyn Rivera, exparlamentario y líder del pueblo miskito, fue detenido el 29 de septiembre de 2023 en su casa de Bilwi. Amnistía Internacional lo catalogó como "preso de conciencia". Su muerte provocó una ola de indignación en la región y en organismos internacionales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, solicitó una investigación "rápida, imparcial y transparente", mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el caso esta semana.
Esta acción se suma a sanciones previas de EE.UU. contra funcionarios nicaragüenses, como la restricción financiera impuesta a Hooker en 2019 y la sanción en febrero contra Roberto Clemente Guevara Gómez, director de una cárcel de máxima seguridad, por graves violaciones a los derechos humanos.
El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa bajo la mira de la administración estadounidense, que recuerda las masivas protestas de 2018 y la represión posterior como parte del historial de abusos que justifica la política de presión migratoria y de derechos humanos.