El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD) informó que, a partir de 2025, los latinos representan casi una de cada tres personas sin hogar: 223 000 de los 745 000 individuos en situación de calle, pese a constituir solo una quinta parte de la población total del país. La principal causa señalada es el incremento de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha desplazado a miles de familias al perder su principal sostén económico.
En Colorado, el ICE realizó 4 160 deportaciones en 2025, un aumento del 281 % respecto al año anterior. A nivel nacional, la cifra ascendió a 160 192 expulsiones en el mismo periodo, y entre enero y abril de 2026 se registraron 57 784 deportaciones de mexicanos, según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México.
Las consecuencias son inmediatas: familias que dependen de un ingreso para pagar renta o hipoteca se ven obligadas a abandonar sus hogares. Testimonios recopilados por Milenio describen casos de desalojos abruptos, acoso sexual en refugios improvisados y la imposibilidad de localizar a los familiares detenidos. "Me echaron como a un perro del departamento después de que mi marido fue deportado", relata una madre que ahora vive en la casa de conocidos, mientras su hija de ocho años porta un cartel que dice "Free my dad".
La crisis ha unido a migrantes, personas sin hogar, activistas LGBTQ+ y residentes locales en protestas bajo lemas como "ICE Out" y "Resiste". Organizaciones como Housekeys Action Network, Familias Unidas en Necesidad y Dignidad, Trans Empowerment Alliance y la Coalición por los Derechos del Migrante en Colorado participan activamente en la defensa de los derechos humanos y la exigencia de rendición de cuentas.
En Denver, bajo la alcaldía de Mike Johnston, se aprobó una ordenanza que obliga a la policía a filmar cualquier operativo migratorio y prohíbe a los funcionarios preguntar sobre el estatus migratorio de los ciudadanos. Sin embargo, los grupos de la sociedad civil consideran que estas medidas son insuficientes y siguen presionando para obtener soluciones habitacionales concretas.
En una reunión reciente en la Biblioteca Central de Denver, activistas, migrantes sin techo y el director ejecutivo del Departamento de Vivienda y Estabilidad de la ciudad, Cole Chandler, dialogaron sobre la necesidad de programas de vivienda de emergencia, asistencia financiera y mecanismos de seguimiento para evitar que las familias sean enviadas a refugios inexistentes, como el caso de una familia que fue trasladada a Minnesota sin destino definido.
Mientras tanto, la población sin hogar sigue creciendo y los riesgos de mortalidad por sobredosis y enfermedades aumentan, lo que subraya la urgencia de una política migratoria que considere el impacto humanitario y garantice el derecho a una vivienda digna.