El Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) anunció en su cuenta oficial de X que, el 21 de junio, bajo la dirección del general Francis L. Donovan, la Fuerza Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético contra una embarcación que, según la inteligencia militar, estaba operada por organizaciones terroristas designadas y transitaba por rutas de narcotráfico conocidas en el Caribe.
Las imágenes difundidas por el mando militar muestran la nave antes del impacto y, tras el disparo, una explosión que la envuelve en una columna de fuego. El comunicado señaló que la acción resultó en la muerte de dos hombres y que seis sobrevivientes masculinos fueron abandonados en el mar, sin que la Guardia Costera de EE.UU. haya dado a conocer detalles sobre su rescate o estado de salud.
Con este incidente, el saldo de muertos en la ofensiva estadounidense, denominada “Southern Spear” y que comenzó en septiembre de 2025, asciende a al menos 206 personas, según datos de la Agencia France‑Presse (AFP). La campaña, que se extiende tanto en el Caribe como en el Pacífico oriental, ha sido justificada por la Casa Blanca como parte de una guerra contra los cárteles de la droga en América Latina.
Sin embargo, la falta de pruebas públicas que vinculen de manera irrefutable a las embarcaciones atacadas con actividades ilícitas ha generado críticas de expertos y organizaciones de derechos humanos. Estas entidades advierten que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, al dirigirse contra civiles que no representaban una amenaza directa para la seguridad de EE.UU.
El gobierno de EE.UU. no ha proporcionado evidencia concreta que demuestre la relación de la nave con el narcotráfico, y la administración anterior de Donald Trump tampoco entregó pruebas que respaldaran la legitimidad de estos operativos. La Casa Blanca, por su parte, mantiene que la lucha contra los cárteles es una prioridad estratégica y que los ataques son necesarios para desarticular las rutas de suministro de drogas.
Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando con preocupación el incremento de la violencia en la región, y grupos de defensa de los derechos humanos exigen mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses.