Un juez federal de California impidió que el gobierno de Donald Trump continúe arrestando a migrantes en los juzgados de inmigración. En una sentencia emitida el martes, el magistrado de distrito P. Casey Pitts determinó que la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) de esperar fuera de las salas de audiencia y detener a los solicitantes de asilo al salir de sus audiencias vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo.
Desde que Trump retomó la Casa Blanca en 2021, agentes de Seguridad Nacional han adoptado la táctica de detener a los migrantes cuando abandonan sus audiencias de asilo, argumentando que la falta a una audiencia constituye un delito que puede derivar en deportación. El juez Pitts describió la medida como "arbitraria y caprichosa" y señaló que las agencias involucradas no ofrecieron explicaciones razonadas para su accionar, además de que su presencia en los tribunales ejerce un efecto disuasorio sobre los migrantes.
El fallo ordena a ICE y a la EOIR cesar inmediatamente la práctica de arrestos en los recintos judiciales y establece que cualquier detención debe seguir los procedimientos legales establecidos, sin recurrir a medidas coercitivas fuera del proceso judicial.
James Percival, asesor del DHS, criticó la decisión, argumentando que "un extranjero con orden de deportación emitida por un juez de inmigración debería ser tratado igual que un acusado condenado por un delito" y calificó la sentencia de "activismo judicial desnudo" al servicio de una agenda de "fronteras abiertas".
El caso pone de relieve la tensión entre la política migratoria del Ejecutivo y los límites constitucionales y administrativos que regulan la actuación de las agencias federales.