Un grupo de 23 fiscales federales demócratas de Estados Unidos envió una carta formal al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, y al director en funciones de ICE, David Venturella, instándolos a restablecer la investigación y publicación de los registros de migrantes que fallecen después de ser liberados de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los fiscales expresaron su "alarma" ante la reciente política de ICE, adoptada el 2 de junio, que excluye a la agencia de la responsabilidad por muertes ocurridas fuera de su custodia, aun cuando puedan estar vinculadas a condiciones abusivas o negligentes dentro de los centros de detención.
Según la carta, desde enero de 2025, 51 migrantes han muerto bajo la custodia de ICE, más de la mitad de los fallecimientos se concentraron en nueve de los 220 centros de detención activos. El número de muertes en 2024 ya supera el récord de 32 fallecimientos registrado en 2025 y supera las cifras de mortalidad observadas durante la peor fase de la pandemia de COVID‑19.
Estudios de Human Rights Watch y la revista médica JAMA indican una tasa de mortalidad de 88.9 fallecimientos por cada 100,000 personas recluidas, superando el anterior récord de 75.6 en la crisis sanitaria global. Los fiscales recuerdan que la detención migratoria es de naturaleza civil y no debe usarse para castigar o lesionar a los detenidos, muchos de los cuales presentan condiciones médicas que requieren atención especializada.
El Congreso ya exige a ICE investigar y divulgar públicamente cualquier muerte relacionada con su custodia. Los fiscales demandan que la agencia retome esa obligación para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, y evitar que se repitan tragedias que ponen en riesgo la vida de personas vulnerables.