Washington ha intensificado su ofensiva migratoria mediante la suspensión de visados y la amenaza de aranceles, obligando a países africanos a aceptar a migrantes expulsados de Estados Unidos. En el marco de esta estrategia, conocida como "palo y zanahoria", el ex‑presidente Donald Trump autorizó pagos de ayuda financiera a cambio de la recepción de personas que, de otro modo, estarían protegidas por la Convención contra la Tortura o por estatutos de suspensión de remoción.
Según declaraciones de dos exresponsables del Departamento de Estado a la AFP, dos tercios de los 39 países afectados por las suspensiones de visados se encuentran en África. Organizaciones de derechos humanos y un informe de senadores demócratas indican que casi la mitad de las naciones que han suscrito acuerdos para recibir a los expulsados son africanas.
Ejemplos concretos revelan la magnitud del esquema: Esuatini aceptó 160 migrantes a cambio de 5.1 millones de dólares, mientras que Ruanda se comprometió a acoger hasta 250 personas por 7.5 millones de dólares de ayuda estadounidense, según Human Rights Watch. Otros destinos incluyen la República Democrática del Congo, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial, donde los migrantes quedan atrapados sin posibilidad de asilo ni retorno seguro.
Casos individuales ilustran la gravedad de la situación. Pheap Rom, de Camboya, terminó en una prisión de alta seguridad en Esuatini; Khalid, de 23 años, fue enviado a Guinea Ecuatorial sin documentos y ahora se encuentra en un limbo legal sin acceso a protección internacional. Abogados como Meredyth Yoon y Alma David advierten que la normativa migratoria estadounidense permite la expulsión a terceros países cuando la ley impide el retorno al país de origen, creando un vacío jurídico que vulnera derechos fundamentales.
La Corte Suprema de EE. UU. respaldó recientemente la revocación de un estatuto que protegía a 350,000 haitianos, ampliando el abanico de motivos de expulsión. Mientras tanto, organizaciones como ACNUR y defensores de derechos humanos denuncian que los migrantes expulsados a África son relegados a un "agujero negro jurídico", privados de derechos y expuestos a riesgos de persecución y violencia.