Un gran jurado federal de Columbus, Ohio, presentó cargos el 9 de enero contra ocho sospechosos, de entre 19 y 32 años, por planear un ataque terrorista durante el evento UFC Freedom 250, realizado el 14 de junio en los jardines de la Casa Blanca para celebrar el cumpleaños del presidente Donald Trump. Según la acusación del Departamento de Justicia, los imputados pretendían usar drones con explosivos y francotiradores para forzar una evacuación masiva y asesinar a "objetivos de alto valor".
Los cargos abarcan dos conspiraciones separadas: una por presunto apoyo material a terroristas y otra por planear un asesinato en territorio del Gobierno federal, además del homicidio de un funcionario federal. Entre los objetivos se encontraban el presidente Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance, funcionarios estadounidenses, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (que finalmente no asistió) y el magnate Elon Musk.
El presunto cerebro del complot es Abraham Hermosillo Álvarez, mexicano de 31 años radicado en Nebraska. La fiscalía lo describe como el organizador que identificó posiciones para francotiradores y lanzó drones mediante mensajes en la aplicación Signal. Durante el cateo a su domicilio en Omaha, los agentes hallaron un dron, una escopeta, 50 cartuchos y un lanzallamas, lo que llevó a la jueza federal Jacqueline DeLuca a ordenar su detención preventiva por riesgo extremo de fuga.
En su defensa, el abogado Stu Dornan alegó que Hermosillo intentó cancelar el ataque dos días antes de la fecha prevista y que nunca adquirió boletos de transporte. La agente especial del FBI Seena Ali Soheilian refutó que la supuesta cancelación ocurrió después del arresto de un coacusado y de problemas mecánicos de otros conspiradores.
Las investigaciones revelaron que el FBI rastreó a Hermosillo a partir de su nombre de usuario en TikTok, donde mantenía una imagen de activista que exigía responsabilidades al gobierno y promovía la autosuficiencia económica. Sin embargo, mensajes privados obtenidos por la fiscalía mostraban un discurso más violento, con referencias a “sobrevivientes”, “soldados” y la necesidad de actuar cuando “llegue la lucha”.
De acuerdo con el fiscal Don Kleine, la razón por la que el atentado no se consumó fue la intervención oportuna del FBI. Si son hallados culpables, cinco de los acusados podrían enfrentar cadena perpetua, multas de hasta 250,000 USD y penas adicionales de hasta cinco años por planificar actos de violencia en la Casa Blanca.