El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló el lanzamiento de una campaña diplomática cuyo objetivo es "desmantelar" la Corte Penal Internacional (CPI) y presionar a los aliados de Washington para que abandonen el organismo.
La estrategia contempla prohibir la entrada al territorio estadounidense al personal de la CPI, aumentar las sanciones contra sus miembros y organizaciones afiliadas, y ejercer presión sobre los países que dependen del "paraguas de seguridad" estadounidense para que rechacen públicamente las iniciativas de la Corte.
Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, que fundó la CPI, y la administración de Donald Trump ya había sancionado a altos funcionarios de la Corte por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán y por actuar contra funcionarios israelíes, aliado estratégico de Washington.
Rubio, en un comunicado, acusó a la CPI de intentar convertirse en "un árbitro global sin rendición de cuentas" y describió al organismo como respaldado por una red de ONG de izquierda, globalistas y gobiernos del Tercer Mundo hostiles a EE. UU. La campaña incluirá visitas de embajadores y altos cargos a naciones extranjeras para señalar los supuestos abusos de la Corte y solicitar su retiro.
El Departamento de Estado también anunció que intensificará el escrutinio a aquellas naciones que, pese a depender de la asistencia estadounidense, se nieguen a rechazar la autoridad de la CPI. La medida busca reforzar la posición de EE. UU. como único garante de la seguridad internacional bajo su propio marco legal.