La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para empleo público por cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa. La sentencia, dictada el 12 de julio, se basa en la alteración de la denominación y funciones de su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz, lo que, según el tribunal, supuso una transformación sustancial del cargo para adaptarlo a sus intereses personales.
El caso, que se abrió en 2024 tras una denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias, investigó la contratación de David Sánchez como coordinador de los conservatorios de Badajoz en 2017 y su posterior cambio de título a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022. La Audiencia consideró que dicha modificación eliminó la incompatibilidad del puesto y lo convirtió en una posición de alta dirección, favoreciendo al acusado.
La sentencia absuelve a David Sánchez y a los diez acusados restantes del delito de tráfico de influencias, pero mantiene la condena por prevaricación administrativa. Asimismo, el expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, recibió 18 años de inhabilitación por la misma causa.
El Gobierno español, a través de la ministra vocera Elma Saiz, anunció que interpondrá recurso ante instancias superiores, esperando que se declare la inocencia de David Sánchez. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó la sentencia como una prueba de que “nadie está por encima de la ley” y reiteró su pedido de dimisión del presidente Pedro Sánchez.
Desde la izquierda, el portavoz de ERC, Gabriel Rufian, acusó a los jueces de “perseguir a la gente por la cara”, mientras que el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, describió la condena como una “auténtica desproporción”. El secretario general de Vox, José María Figaredo, la calificó de evidencia de que “estos tipos son unos chorizos”.
Este proceso se suma a otras investigaciones que involucran a familiares del presidente, como la esposa Begoña Gómez, quien está bajo averiguación por presunto tráfico de influencias y malversación de fondos públicos en la Universidad Complutense de Madrid.
La sentencia ha reavivado el debate político en España sobre la influencia de los familiares de altos cargos en la administración pública y la independencia del poder judicial frente a acusaciones de motivaciones partidistas.