En la cumbre Fentanyl Free America, celebrada en Orlando, Florida, el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, afirmó que hay una "conexión mortífera" entre los cárteles de narcotráfico y funcionarios mexicanos que presuntamente facilitan sus operaciones. Cole aseguró que la estrategia de la DEA no se limitará a perseguir a los integrantes de los grupos criminales, sino también a quienes, desde cargos públicos, permitan su funcionamiento.
El discurso del funcionario estadounidense coincidió con la reciente acusación, presentada el 29 de abril de 2026, de cargos penales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve servidores y exfuncionarios del mismo estado. Las imputaciones, formuladas por fiscales federales de EE. UU., incluyen delitos de narcotráfico, protección a organización criminal y posesión ilegal de armas, así como presuntos sobornos y filtración de operativos que habrían favorecido el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Hasta la fecha, el proceso judicial sigue abierto y no se ha dictado sentencia que determine la culpabilidad de los acusados ni que establezca un vínculo institucional entre el Gobierno de México y los cárteles. Sin embargo, la declaración de la DEA intensifica la presión diplomática y legal sobre México, al señalar que la agencia enfocará sus acciones tanto contra las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas como contra los funcionarios que, según la acusación, facilitan dichas actividades.
Las autoridades mexicanas han reiterado su compromiso de combatir la corrupción y el narcotráfico, pero la falta de pruebas concluyentes y la complejidad de los casos transnacionales dificultan una respuesta inmediata. Mientras tanto, la comunidad internacional observa de cerca los avances del proceso judicial y la posible cooperación entre EE. UU. y México para desarticular las redes de suministro de fentanilo y otras sustancias ilícitas.