El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revirtió en menos de un día la suspensión que su propio gobierno había ordenado a las paradas de tráfico de ICE, herramienta que ha dejado al menos dos muertos en las últimas semanas, entre ellos un ciudadano mexicano. A través de su cuenta en Truth Social, Trump defendió el trabajo de los agentes de ICE, argumentando que la delincuencia ha descendido a niveles históricamente bajos gracias al retiro de personas que, según él, ingresaron al país “sin control ni verificación” durante la administración de Joe Biden, cifra que ubicó en 25 millones.
Al mismo tiempo, México intensifica una ofensiva legal sin precedentes contra Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales bajo custodia migratoria. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó dichos fallecimientos como “homicidios” y anunció que el país dejará de depender exclusivamente de la vía diplomática. El canciller Roberto Velasco confirmó que la Cancillería, con el apoyo de la Fiscalía General de la República, presentará denuncias penales y demandas civiles ante autoridades estadounidenses, así como acciones contra las empresas privadas que operan centros de detención migratoria.
La estrategia mexicana también se extiende a la esfera internacional: la Cancillería elevó el caso a la ONU, solicitando recomendaciones y su remisión a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Además, ha comenzado a enviar cartas de cese y desistimiento a los centros de detención implicados, iniciando con el centro de Adelanto, California.
El detonante más reciente fue la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, albañil mexicano de 52 años, quien fue baleado por un agente de ICE durante un operativo en Houston el 7 de julio. Su caso se suma a otras 16 muertes documentadas por la Cancillería, ya sea en centros de detención o en operativos directos.
Sheinbaum explicó que el canciller Velasco mantuvo comunicación directa con el embajador estadounidense en México antes del anuncio, y que este se mostró “muy perceptivo” ante la preocupación mexicana por presuntas violaciones a los derechos humanos.
El contraste entre la postura de Trump, que reactivó las paradas de tráfico tras los tiroteos en Maine y Houston, y la ofensiva legal mexicana marca un nuevo punto de fricción entre ambos gobiernos, en un contexto donde Washington y la Ciudad de México ya enfrentan tensiones por seguridad, cárteles y comercio.