La posibilidad de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sea detenido como criminal de guerra durante su visita a la Asamblea General de la ONU en septiembre reavivó la disputa retórica entre el alcalde socialista de la ciudad, Zohran Mamdani, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En una rueda de prensa, Mamdani recordó que la alcaldía de Nueva York está “estudiando activamente” acciones simbólicas para denunciar a Netanyahu, a quien calificó de criminal de guerra por la campaña militar en Gaza. Aunque la ciudad no posee autoridad legal para ejecutar la orden de arresto emitida en 2024 por la Corte Penal Internacional (CPI), el alcalde trasladó la responsabilidad a Washington, afirmando que el mandatario israelí “no es bienvenido en Nueva York”.
Trump, por su parte, desestimó la postura de Mamdani, recordando sus anteriores enfrentamientos con el alcalde sobre inmigración, impuestos y la política del Partido Demócrata. El presidente reiteró que EE. UU. no reconoce la jurisdicción de la CPI y que cualquier detención dependería de una decisión discrecional del gobierno estadounidense.
La orden de la CPI, vigente desde el 21 de noviembre de 2024, acusa a Netanyahu de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos el uso del hambre como método de guerra y ataques contra la población civil en la Franja de Gaza. Sin embargo, expertos en derecho internacional coinciden en que su ejecución es legalmente dudosa. El recinto de la ONU goza de estatus especial que protege a los dignatarios extranjeros, y la política de sanciones de Trump contra la CPI, iniciada en febrero de 2024, refuerza la improbabilidad de una detención.
Rebeca Hamilton, exabogada de la CPI, señaló que para EE. UU. la ejecución de la orden es “completamente optativa”. En consecuencia, la visita de Netanyahu a la ONU podría convertirse en un espectáculo político de alto voltaje: Trump podría demostrar que su postura es correcta al permitir la libre entrada del primer ministro, mientras Mamdani podría aprovechar la ocasión para lanzar denuncias simbólicas y reforzar su agenda de derechos humanos.
En síntesis, la controversia subraya la tensión entre la política exterior estadounidense, la autoridad de la CPI y la presión de actores locales como la alcaldía de Nueva York, que buscan usar la visita de Netanyahu como plataforma para denunciar presuntos crímenes de guerra.