La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un nuevo informe que sanciona a más de 50 individuos y empresas mexicanas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El documento subraya que los altos mandos del cártel se apoyan en redes familiares y socios de confianza para garantizar la continuidad de sus operaciones cuando sus líderes son detenidos o abatidos.
Entre los sancionados se encuentra Juan Carlos "N", alias "Pelón", designado como nuevo líder del CJNG tras la muerte de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho". La OFAC también incluyó a Audias Flores, conocido como "El Jardinero", quien fue designado bajo la Ley Kingpin el 18 de junio de 2025 y detenido en Nayarit el 27 de abril. Su célula sigue operando en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas, apoyada por familiares, jefes de plaza y socios financieros.
La empresa de gasolineras Petrocoda SA, gestionada por la prima de Flores, Areli "N", y su esposa Karely Lizbeth "N", también fue señalada. Ambas dirigen una licorería y una mayorista de ropa, y mantienen vínculos con empleados leales como José Guadalupe "Venado", piloto que utilizó pistas de aterrizaje en Nayarit.
Otro caso destacado es el de Gerardo "N", alias "El Cachas", de alto rango en el CJNG, detenido en 2018 mientras era guardaespaldas de la esposa de "El Mencho". La OFAC lo vinculó al Rancho Izaguirre, centro de reclutamiento del cártel, y a una célula operada junto a sus sobrinos Gustavo Botello y William Geovanni "N", arrestados en 2025. El Cachas es propietario de Bubux Baby Shoes SA de CV, empresa de calzado infantil dirigida por su primo Miguel Botello, quien fuera director de Seguridad Pública de Tepalcatepec. Además, Gustavo y William se desempeñaron como policías municipales bajo la supervisión de Miguel Botello.
La última esposa de El Cachas, Liliana Cisneros, y sus hijos también fueron sancionados por su participación en entidades corporativas y en la empresa Green Agropacific.
El informe de la OFAC advierte que la confianza generada por los lazos familiares reduce el riesgo de investigaciones futuras, pero también facilita la expansión de actividades ilícitas. Las sanciones buscan congelar activos y limitar el acceso a sistemas financieros internacionales, mientras México refuerza sus esfuerzos de captura y desarticulación de estas redes criminales.