Rusia ha puesto en marcha una orden de búsqueda y captura internacional contra Pavel Dúrov, empresario ruso y creador del popular servicio de mensajería Telegram, tras iniciar una causa penal que lo acusa de colaborar con el terrorismo. La información fue confirmada el miércoles 29 de julio por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) a través de la agencia estatal TASS.
Según el abogado del FSB, Vladímir Zherebenkov, la acusación es de gravedad extrema y, de demostrarse la culpabilidad de Dúrov, la pena podría ascender a cadena perpetua. Además, el organismo señaló que, en caso de que Dúrov sea arrestado fuera del territorio ruso, las autoridades buscarán su extradición mediante Interpol.
El FSB argumenta que Telegram ha violado la legislación rusa al no eliminar “numerosos canales, chats y bots” que, según la entidad, son utilizados por agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones extremistas y terroristas para coordinar sabotajes, atentados, asesinatos en masa y fraudes cibernéticos dentro de Rusia.
Entre los casos citados, el FSB describió cómo agentes de la inteligencia ucraniana se hacían pasar por mujeres jóvenes para engañar a víctimas, obtener transferencias de dinero y luego extorsionarlas acusándolas de apoyar al enemigo. Estas víctimas, a su vez, eran obligadas a actuar como mensajeros en esquemas de estafa que también están tipificados como delito bajo la legislación rusa.
En el último año, el FSB informó haber detenido a 46 jóvenes rusos, de entre 18 y 22 años, que accedieron al chatbot de Telegram “Daivinchik/Leo”, supuestamente un servicio de citas, y fueron vinculados a actividades de sabotaje y terrorismo.
Telegram, al igual que WhatsApp, ha sido bloqueado en Rusia bajo la acusación de incumplir las leyes locales y de no eliminar contenidos prohibidos. Ante el bloqueo, muchos usuarios recurren a redes VPN para evadir la restricción. En paralelo, el gobierno ruso promueve el uso del servicio de mensajería nacional MAX, que, según estadísticas oficiales, cuenta con más de 86 millones de usuarios.
La medida contra Dúrov marca una escalada en la confrontación entre el Kremlin y plataformas de mensajería extranjeras, y plantea interrogantes sobre la capacidad de Rusia para ejercer jurisdicción sobre sus ciudadanos y residentes que utilizan servicios digitales fuera del control estatal.