En los últimos diez días, entre 1,500 y 2,000 migrantes ingresaron a la ciudad española en el norte de África, la mayor oleada desde la crisis de 2021. La mayoría provenía de Marruecos, con algunos argelinos, y llegaron tanto a nado como intentando escalar la valla que separa Ceuta de Castillejos.
El Salvamento Marítimo rescató a más de 300 personas en alta mar, mientras que la Guardia Civil marroquí detuvo a 800 que intentaron cruzar nadando. Dos cadáveres fueron hallados en la costa, elevando a 29 el número de muertos en el litoral de Ceuta este año; según el presidente del Observatorio del Norte de Derechos Humanos, Mohamed Benaissa, el Tribunal Supremo, al confirmar que la ley de extranjería no permite devoluciones en caliente, ha generado un "efecto llamada" que incentiva la migración.
El Centro de Estancia Temporal (CETI) está desbordado: su capacidad es de 512 personas, pero la sobreocupación en el área de menores supera el 2,400 %. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, declaró una "absoluta emergencia humanitaria y social" y solicitó apoyo financiero inmediato al Gobierno español, así como el cierre urgente de la frontera.
Frente a la crisis, España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación y acelerar la entrega de los migrantes ingresados. El Ministerio del Interior calificó la colaboración como "ejemplar" y anunció la movilización de recursos y la preparación de medidas para restablecer la normalidad.
Organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), advierten que Marruecos no es un país seguro y critican la solución de retorno como insuficiente. La Instancia Democrática Marroquí de Derechos Humanos expresó profunda preocupación por la situación de la juventud marroquí y calificó el intento colectivo de llegar a nado como un "fracaso político".