Esterilizaciones forzadas en Perú: la sentencia contra el régimen de Fujimori y el fallo de la ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitieron en 2023 un fallo histórico que reconoce la política de esterilización forzada implementada por el gobierno de Alberto Fujimori entre 1996 y 2000 como una violación sistemática de los derechos humanos de mujeres, en su mayoría indígenas, rurales y de escasos recursos.

Hechos principales

• Más de 300,000 mujeres y alrededor de 25,000 hombres fueron sometidos a esterilizaciones sin consentimiento informado.
• Los procedimientos se realizaron en clínicas improvisadas, sin infraestructura adecuada ni personal capacitado.
• Las víctimas fueron engañadas, presionadas o forzadas; muchas eran analfabetas y no dominaban el español.
• Casos emblemáticos como el de Celia Edith Ramos Durand (muere tras la cirugía) y Mamérita Mestanza (fallece días después) impulsaron la denuncia internacional.

Contexto del programa

El programa de planificación familiar, bajo la dirección del Ministerio de Salud, se justificó como una medida para controlar la natalidad en zonas rurales. Sin embargo, documentos del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) revelan que la política se aplicó de forma coercitiva, transportando a las personas en camiones como “ganado” y realizando los procedimientos con cuchillos afilados, sin anestesia adecuada.

Desarrollo judicial

En 2020, cinco víctimas presentaron una demanda conjunta ante la justicia peruana. En 2023, el tribunal peruano reconoció que las esterilizaciones fueron una política pública y ordenó al Estado indemnizar a las víctimas y garantizar su acceso a la salud. Posteriormente, CEDAW calificó la práctica como violencia de género y discriminación interseccional.

Fallo de la ONU y la CIDH

El Comité CEDAW concluyó que Perú incumplió sus obligaciones de investigar, reparar y prevenir estas violaciones. La CIDH, en su primer caso sobre esterilizaciones forzosas en la región, instó al Estado a:

1. Ampliar y profundizar las investigaciones para identificar a todos los responsables.
2. Proveer compensación económica y apoyo psicológico a las víctimas y sus familias.
3. Implementar un programa integral de reparaciones que incluya atención médica, educación y medidas de no repetición.

Reacciones

Organizaciones no gubernamentales que acompañaron a las familias, como la Red de Mujeres Indígenas y la Comisión Peruana de Derechos Humanos, celebraron el fallo como “un verdadero acto de justicia y reparación”. Por su parte, Fujimori, que ya cumple condena en Chile, ha mantenido que las acusaciones son falsas.

Perspectivas

El caso abre precedentes para otras denuncias de esterilizaciones forzadas en América Latina y refuerza la obligación de los Estados de respetar el derecho a la salud reproductiva sin discriminación. La comunidad internacional seguirá vigilando la implementación de las medidas ordenadas por la CIDH para asegurar que las víctimas reciban la reparación integral que les corresponde.

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