Ceuta vivió una de sus mayores oleadas migratorias en los últimos años: entre 50 000 y 60 000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos el 30 y 31 de julio, y al menos 60 fallecieron en el intento. La rápida llegada de los migrantes obligó al Gobierno español a enviar pelotones militares, apoyo aéreo y naval, y equipos de buceo para patrullar las aguas, mientras la Unión Europea ofrecía asistencia de Frontex.
Para la tarde del viernes, la mayoría de los recién llegados –más de 48 000– habían sido devueltos a Marruecos, según el Ministerio del Interior. Sin embargo, la magnitud del cruce superó incluso los picos de la crisis migratoria europea de 2015 y reavivó la polémica interna en España, donde la oposición de derecha acusa al presidente Pedro Sánchez de laxitud en el control fronterizo.
Ceuta, enclave de ocho kilómetros de largo bajo soberanía española y parte del espacio Schengen, comparte con Melilla la única frontera terrestre de la UE con África. La valla de seis metros que protege la ciudad se ha convertido en objetivo recurrente: migrantes la escalan, la cortan con cizallas o intentan cruzar por mar en pequeñas embarcaciones. En 2021, más de 10 000 personas cruzaron en dos días; en 2022, 23 murieron en una estampida en Melilla.
El gobierno marroquí no ha emitido una respuesta oficial, aunque sus fuerzas de seguridad se desplegaron cerca de Castillejos, localidad fronteriza, donde se registraron enfrentamientos. Mientras tanto, grupos de derechos humanos denuncian el hacinamiento e insalubridad de los centros temporales donde se retienen a los migrantes en Ceuta, y critican la falta de alimentos y refugio anunciada por autoridades locales para la noche del viernes.
En el plano judicial, el Tribunal Supremo prohibió recientemente la devolución sumaria de migrantes interceptados en alta mar, lo que complica la repatriación rápida que antes se practicaba. Los migrantes que ingresan a Ceuta pueden permanecer allí sin posibilidad de tránsito inmediato a la península ibérica ni al resto de la UE.
La crisis ha puesto de relieve la fragilidad de la relación bilateral España‑Marruecos y el desafío que representa la gestión de fronteras exteriores de la UE. Sánchez ha reiterado que su gobierno hará todo lo posible por repatriar a los migrantes de forma legal y ha defendido la política de acogida de España hacia los inmigrantes, mientras la oposición exige medidas más estrictas y mayor presencia militar.