Las autoridades de Jersón, en el sur de Ucrania, expresaron su indignación tras la difusión de un video policial que muestra a un hombre de 52 años, identificado como Iuri, vendedor de verduras, siendo perseguido por un dron ruso de tipo FPV (First Person View) antes de que este detonara su carga explosiva cerca de él. El dron, controlado a distancia, siguió al civil mientras corría alrededor de un vehículo en plena calle, y la explosión le provocó heridas y una conmoción cerebral.
El gobernador regional, Olexander Prokudin, publicó posteriormente imágenes del vendedor postrado en una cama de hospital, reforzando la acusación de que se trata de una "estrategia rusa deliberada" contra la población civil. El jefe de la diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga, calificó el hecho como un "crimen de guerra bárbaro" y advirtió que "miles de crímenes similares nunca se hacen públicos".
Jersón, que contaba con aproximadamente 280,000 habitantes antes del conflicto, estuvo bajo control ruso de marzo a noviembre de 2022. Actualmente, las fuerzas rusas, situadas al otro lado del río Dniéper, continúan atacando la ciudad con regularidad, empleando drones como uno de sus principales medios de presión. Los ataques con drones se han intensificado en ambos frentes desde el inicio de la invasión en 2022, incrementando el número de víctimas civiles.
Rusia, por su parte, acusa al ejército ucraniano de utilizar sus propios drones contra civiles, especialmente en la región fronteriza de Bélgorod. Sin embargo, la evidencia visual y los testimonios de la población local respaldan la versión ucraniana de que los drones rusos están siendo empleados como armas de terror contra la población civil.
El incidente subraya la creciente vulnerabilidad de los civiles en zonas de conflicto donde la tecnología de drones se ha convertido en una herramienta de guerra asimétrica, planteando serias preguntas sobre la protección de los derechos humanos y la necesidad de una respuesta internacional más firme.