El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró en rueda de prensa que 70 mil de los 72 mil migrantes que ingresaron a la ciudad autónoma española la semana pasada ya han sido repatriados a Marruecos. El resto de los individuos que aún permanecen en Ceuta será evaluado para determinar su situación legal y, en caso de no contar con derecho a residir en España, serán expulsados cumpliendo estrictamente la legislación española e internacional y respetando los derechos humanos.
Grande-Marlaska ofreció estos datos tras participar en la reunión de los titulares de Interior de la Unión Europea, donde se manifestó una "firme solidaridad" con España y se subrayó la necesidad de "seguir luchando sin descanso" contra las redes de tráfico de migrantes, así como de reforzar la capacidad preventiva ante situaciones similares.
El ministro señaló que el Gobierno no recibió alerta previa de los servicios de inteligencia sobre una crisis de tal magnitud; lo que se anticipaba era un aumento estacional de llegadas irregulares, posible efecto de una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las "devoluciones en caliente" desde Ceuta y Melilla.
Según el propio ministro, las medidas adoptadas hasta la fecha han permitido reducir en un 30 % las entradas irregulares a nivel nacional en lo que va de 2026, comparado con el año anterior. En la última semana, mil personas accedieron a Ceuta, en su mayoría nadando, lo que motivó la puesta en marcha de nuevas acciones de control.
En cuanto a recursos humanos, Grande-Marlaska informó que el número de agentes en Ceuta ha aumentado en 18 mil desde 2018, alcanzando los 160 mil entre Policía Nacional y Guardia Civil, lo que representa un 10 % más de efectivos permanentes que en 2018. Este refuerzo forma parte de un compromiso de ocho años del Gobierno y se complementa con la instalación de una barrera neumática y boyas que delimitan físicamente la frontera marítima entre España y Marruecos, así como con otras inversiones en seguridad que ya están en ejecución.
El ministro reiteró que el objetivo es garantizar la seguridad de la población española y la integridad de la frontera, sin descuidar la protección de los derechos humanos de los migrantes.