Washington intensifica la presión sobre La Habana al imponer sanciones económicas contra cinco entidades estatales y ocho funcionarios del aparato militar cubano. Entre los sancionados se encuentran el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, y el jefe de Estado Mayor, Roberto Legrá Sotolongo, acusados de facilitar la cooperación militar con Rusia, China e Irán.
Las entidades sancionadas incluyen a Tecnoimport, la sociedad mercantil Duna S.A., la Unión de Industria Militar (UIM), la empresa militar industrial Yuri Gagarin y la Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados (Tecnotex), esta última filial del conglomerado militar Gaesa, ya sancionado previamente.
Los funcionarios designados son: el ministro de las Fuerzas Armadas Álvaro López Miera, el jefe de Estado Mayor Roberto Legrá Sotolongo, el responsable de Relaciones Exteriores del ministerio José Antonio Remón Rodríguez, su director económico Oscar Enrique Biosca Gallego, los agregados militares cubanos en Rusia (Mónica Milián Gómez) y en China (Waldo Pérez Cortés), y los directores generales de la UIM (Roberto Jesús Viciana Mousset) y de Tecnoimport (Heriberto Sánchez Alleyne).
Según el senador Marco Rubio, "el régimen comunista cubano es un Estado patrocinador del terrorismo que utiliza su aparato militar e de inteligencia para espiar a Estados Unidos y sirve de plataforma para que adversarios como Rusia, China e Irán lleven a cabo operaciones contra nuestro país".
Las sanciones colocan bajo jurisdicción estadounidense los bienes y activos de las personas y entidades mencionadas y prohíben cualquier transacción con ciudadanos o instituciones de EE.UU. Esta medida se suma a la campaña de sanciones que ya incluye al presidente cubano Miguel Díaz‑Canel y al exmandatario Raúl Castro, en el marco de la política de presión económica y política del gobierno de Joe Biden.
El bloqueo de crudo y las restricciones a sectores estratégicos como energía, defensa, minería y servicios financieros continúan agravando la crisis económica y humanitaria en la isla, mientras Washington busca forzar cambios estructurales en el modelo político cubano.