Washington, 6 de agosto. – La Casa Blanca anunció que, a raíz del endurecimiento de la política migratoria de la administración Donald Trump, el Departamento de Estado ampliará la revisión de redes sociales a los solicitantes de visas de periodistas extranjeros y a ciertos profesionales cubiertos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC).
Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, difundió en la plataforma X una nota de Daily Signal que detalla la medida. Según el comunicado, la inspección de perfiles digitales permitirá verificar el cumplimiento de los requisitos legales y prevenir riesgos de seguridad nacional.
Hasta ahora, la revisión de redes sociales se aplicaba a solicitantes de visas de estudiante, intercambios culturales y otros tipos de visado. Con la nueva normativa, los representantes de medios de comunicación extranjeros deberán reconfigurar sus cuentas para que sean públicas y puedan ser analizadas antes de que se les conceda la autorización de ingreso.
La medida también afectará a ciudadanos de México y Canadá que soliciten ciertos visados bajo el T‑MEC, obligándolos a someter sus perfiles a la misma inspección. Además, los periodistas extranjeros quedarán limitados a estancias de 240 días (aproximadamente ocho meses) en territorio estadounidense, con posibilidad de solicitar renovaciones por períodos idénticos, salvo que el Congreso bloquee la norma antes de su entrada en vigor.
Organizaciones defensoras de la privacidad y libertades civiles han criticado la política, argumentando que vulnera la vida privada y la libertad de expresión de los profesionales de la información. Señalan que la medida podría generar autocensura y dificultar la labor periodística en un país donde la cobertura internacional es fundamental.
El presidente Trump ha centrado su agenda en la lucha contra la inmigración irregular, expulsando masivamente a inmigrantes en situación irregular y restringiendo la entrada regular de ciudadanos extranjeros mediante normas consideradas por algunos como draconianas.
Se espera que la normativa entre en vigor en los próximos meses, aunque su aplicación dependerá de la aprobación o bloqueo por parte del Congreso de los Estados Unidos.