El ejército de Estados Unidos anunció que el domingo llevó a cabo un ataque contra una embarcación que, según el Comando Sur (SOUTHCOM), operaba en rutas de narcotráfico establecidas en el Pacífico oriental. En la publicación oficial en la red social X, acompañada de imágenes en blanco y negro que mostraban la nave antes de una gran explosión, se indicó que la operación fue ejecutada bajo la dirección del comandante del SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, y que formó parte de la Joint Task Force Western Hemisphere.
El ataque dejó dos fallecidos, según informó el propio SOUTHCOM. El presidente Donald Trump, en declaraciones públicas, sostuvo que Washington está, de hecho, en guerra contra los cárteles de la droga que operan desde América Latina, y calificó la acción como una “advertencia clara y decisiva” de que Estados Unidos está llevando la lucha directamente a los carteles.
El número de muertes vinculadas a operaciones militares estadounidenses en el Pacífico oriental y el Caribe supera los 200, según datos de la AFP. Sin embargo, el gobierno de Trump no ha presentado pruebas concluyentes que demuestren la implicación directa de la embarcación atacada en actividades ilícitas.
Expertos legales y organizaciones de derechos humanos han señalado que estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, al no existir un proceso judicial que legitime la eliminación de los presuntos narcotraficantes. La falta de transparencia y la ausencia de una investigación independiente generan preocupación sobre la legalidad y la proporcionalidad de la acción militar.
El caso reaviva el debate sobre la política de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, la soberanía de los países latinoamericanos y el respeto a los derechos humanos en operaciones de combate en alta mar.