Ceuta vivió una nueva oleada de protestas el viernes 28 de agosto, cuando cientos de vecinos se reunieron en las principales arterias de la ciudad para exigir al Gobierno central una respuesta inmediata a la crisis migratoria desencadenada por la llegada masiva de aproximadamente 80 mil personas el 30 de julio.
La convocatoria, difundida por la plataforma Ceuta Unida a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, reunió a manifestantes que corearon consignas como “Invasores, expulsión” y “Ceuta no se vende, se defiende”. La marcha, declarada pacífica por sus organizadores, contó con la escolta de la Policía Nacional, que acompañó a los participantes desde la delegación del Gobierno de Ceuta hasta las playas del Trampolín y Benítez, donde permanecen acampados varios grupos de migrantes.
Durante el recorrido, los manifestantes entregaron 400 claveles frente a la delegación gubernamental bajo el lema “Sin violencia, sin odio, sin racismo”, y aplaudieron la labor policial, pese a los episodios de tensión registrados en semanas anteriores. Sin embargo, la convocatoria también incluyó mensajes que instaban a “desesperar a los migrantes para forzar sus ataques”, lo que sugiere una ambivalencia entre la retórica pacífica y la intención de presionar a las autoridades mediante la fuerza.
La protesta se inscribe en una serie de movilizaciones ciudadanas que han denunciado la gestión de la crisis, la sobrecarga de los servicios públicos y la percepción de inseguridad. El día anterior, un grupo de manifestantes bloqueó un camión de ayuda humanitaria de la Cruz Roja y quemó sombrillas y enseres en el asentamiento de Benítez, evidenciando la escalada de hostilidad hacia los migrantes.
Los organizadores reclaman al Ejecutivo central que abandone la “inacción” y adopte medidas estructurales para atender la situación, al tiempo que insisten en que la respuesta debe canalizarse por vías pacíficas y respetuosas de los derechos humanos. La presión social en Ceuta continúa creciendo, mientras las autoridades locales y nacionales buscan equilibrar la seguridad ciudadana con la obligación de ofrecer asistencia humanitaria a los recién llegados.